martes, abril 19, 2011

CIRCULAR NO. 78 OBTENCIÓN DEL RUC.- SRI Y EL IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL

Quito, 31  de marzo  del 2011.

Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que mediante Circular del Servicio de Rentas Internas, publicada en Registro Oficial 416 de fecha 30 de marzo de 2011, se comunica a los sujetos pasivos tributarios lo siguiente:

Los sujetos pasivos que desarrollen las actividades contenidas en los grupos de actividad económica detalladas a continuación, que previo al otorgamiento del correspondiente certificado de RUC deberán realizar el pago del impuesto de patente municipal, conforme las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

El desglose de los grupos de las actividades mencionadas, se detallará mediante anexo a la resolución en la página web del Servicio de Rentas Internas http://www.sri.gob.ec/

El comprobante de pago del referido impuesto deberá ser presentado por parte de los respectivos contribuyentes, al momento de solicitar su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).


El detalle de actividades, señaladas en la presente circular, únicamente sirve de referencia para la obtención del RUC, y no incide en la obligación de los contribuyentes de pagar el impuesto a las patentes, de conformidad con la Ley y las respectivas ordenanzas emitidas por los gobiernos autónomos descentralizados, que se constituyen en el sujeto activo de este tributo.

Fuente Servicio de Rentas Internas: http://www.sri.gob.ec/   

Es un gusto para el Estudio Jurídico PUENTE & ASOCIADOS, mantenerle informado y poner a su disposición los servicios legales que pueda necesitar respecto a la información proporcionada.
Atentamente,


Dr. Miguel Ángel Puente                                                          Geovanna Puente
PUENTE & ASOCIADOS
Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas


Av. Colón y Reina Victoria Esquina,
Edificio Banco de Guayaquil, piso 13, Oficina 1306.
Telf. (5932) 2 223616 / 2221734 Fax: Ext. 106
Cel. 099824362

miguelp@puenteasociados.com
gpuente@puenteasociados.com
www.puenteasociados.com

Quito - Ecuador.
Oficinas Internacionales: Lima - Perú ; Bogotá - Colombia


lunes, abril 11, 2011

CIRCULAR NO. 77 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, SISTEMA DE SALARIOS EN LÍNEA

Quito, 31  de marzo  del 2011.

Estimados Clientes y Amigos:
Ponemos en su conocimiento que el Ministerio de Relaciones Laborales desde este año ha puesto en funcionamiento el Sistema de Salarios en Línea, para el registro y declaración de salarios, décimos, y utilidades.  A continuación un breve detalle.


 Esquema General

El empleador debe declarar la décima tercera, décima cuarta remuneraciones y participaciones de utilidades en el Ministerio de Relaciones Laborales, para esto debe adquirir los formularios, y revisar los requisitos que se encuentran en el anverso del mismo, hacerlos activar con el funcionario del Ministerio que realizó la venta de la especie valorada, y luego proceder de acuerdo a los siguientes pasos que se detalla a continuación:

  1. Ingresar a la página web: www.mrl.gob.ec
  2. Ingresar al link “Generar Registros de Salarios en Línea” dentro del módulo Viceministerio de Trabajo y Empleo.
  3. Ingresar al Sistema de Salarios en Línea, con su número de RUC o cédula (según el caso: para personas naturales o jurídicas el RUC, o cédula de identidad para servicio doméstico) y su clave (número de formulario)
  4. Actualice los datos de la empresa o persona natural según el caso.
  5. Llene los datos de los trabajadores a registrar.
  6. Imprima el formulario de los registros de los trabajadores.
  7. Acuda al Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando el original de la especie valorada, el rol de pagos con firma de cada trabajador con los requisitos que se encuentran en el anverso del formulario o en la página web: http://www.mrl.gob.ec/  para ser atendido por el funcionario del Ministerio, para proceder con la legalización del documento.

En el caso de que el pago se lo efectuó con depósito, en cuenta de ahorros o corriente se debe anexar el documento de la entidad donde se acreditó dichos valores, caso contrario procederá la consignación al Ministerio de Relaciones Laborales para que efectúe el pago al trabajador.

El ingreso al sistema con los datos que se encuentran detallados anteriormente no se considera que el formulario ha sido legalizado, ya que el mismo debe contar con el sello de registro de legalización del funcionario de esta Cartera de Estado.

Una vez realizado el procedimiento antes indicado, en las dependencias del  Ministerio se deberá presentar lo siguiente:


Ø  Formulario de Registro de pago de utilidades que puede ser obtenido en el Ministerio de Relaciones Laborales
Ø  Formulario de Registro de pago de utilidades que debe ser impreso una vez ingresado los datos en  la página  www.mrl.gob.ec
Ø  Copia simple del nombramiento
Ø  Copia del Registro Único de Contribuyentes
Ø  Copia del documento de identificación de del Representante legal.  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. http://www.mrl.gob.ec/  

Para cualquier información adicional relacionada con el Ministerio de Relaciones Laborales, escríbanos a: miguelp@puenteasociados.com


El Estudio Jurídico PUENTE & ASOCIADOS, comprometido en mantenerle informado pone a sus disposición los servicios legales que pueda necesitar para atender sus dudas e inquietudes respecto a la información proporcionada.
Atentamente,

Dr. Miguel Ángel Puente                                                          Geovanna Puente
PUENTE & ASOCIADOS
Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas


Av. Colón y Reina Victoria Esquina,
Edificio Banco de Guayaquil, piso 13, Oficina 1306.
Telf. (5932) 2 223616 / 2221734 Fax: Ext. 106
Cel. 099824362

miguelp@puenteasociados.com
gpuente@puenteasociados.com
www.puenteasociados.com

Quito - Ecuador.
Oficinas Internacionales: Lima - Perú ; Bogotá - Colombia

miércoles, abril 06, 2011

CIRCULAR NO. 76 CONCURSO PREVENTIVO, II PUBLICACIÓN DE FEDERICO ESTRADA.


Quito, 30  de marzo  del 2011.


Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente deseamos dar a conocer una de las más recientes publicaciones del Dr. Federico Estrada referentes al Concurso Preventivo en Argentina.


Los concursos sin cesación de pagos y el caso U.A.R.


FEDERICO G. ESTRADA.
Contador Público. Especialista en Insolvencia. Consultor de Negocios.


I.              LA CONTRADICCION FUNDAMENTAL DE LA LEY DE CONCURSOS
El caso UNION ARGENTINA DE RUGBY U.A.R. s/ CONCURSO PREVENTIVO, recientemente concluido por homologación del acuerdo preventivo, puso al descubierto lo que podemos llamar “la contradicción fundamental de la ley de concursos”.

Si bien esta ley especial establece como presupuesto objetivo el estado de cesación de pagos para los deudores que deseen acogerse a sus beneficios, sabido es que la misma ley no define dicho estado y es absolutamente imprecisa sobre la manera de probarlo.

Finalizado el caso concreto que analizamos, queda también en evidencia la gruesa falla legal sobre la oportunidad procesal en que debe probarse la cesación de pagos y la necesidad de una completa prueba pericial previa a la sentencia de apertura del concurso, en reemplazo de la confesional que exige el art. 11 de la ley 24.522.

II.            ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL CASO U.A.R.
Recomiendo la lectura completa del primer fallo de primera instancia, del dictamen del Ministerio Público, de la sentencia de segunda instancia y de la posterior resolución homologatoria de primera instancia, disponibles en http://www.errepar.com/.

Ante signos evidentes de ausencia de estado de cesación de pagos, se hace notoria la carencia de elementos normativos para impedir la apertura del concurso preventivo, primero, de sus efectos, seguidamente, hasta llegar a tener que homologar un acuerdo que, por su contenido, confirma que tal estado de cesación de pagos no existió.

A modo de síntesis, enumero cuestiones salientes de la historia de este proceso:

-          La presentación en concurso fue en abril de 2006.
-          En el informe general art. 39, la sindicatura expone cuadro comparativo de estados contables al 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y parcial hasta el 30 de septiembre de 2005.   La relación entre “caja y bancos” y “deudas corrientes”[1] era más favorable al 30/09/05 que al 31/12/03.
-          La sindicatura dijo, según la reseña del juez al momento de no homologar el acuerdo, que cuando la concursada se presentó se encontraba con fondos suficientes para seguir atendiendo normalmente sus obligaciones. Esta opinión, por ley, no es requerida antes de la resolución de apertura del concurso.
-          Por imperio del art. 20 de la ley 24.522, quedó resuelto el contrato de agencia que ligaba a la Unión Argentina de Rugby con Sportfive S.A. y Sportfive de Argentina S.A. Este parece ser el verdadero motivo del concursamiento, ya que de rescindirse el contrato en un marco ajeno al concurso presumo que tal rescisión hubiera sido por demás onerosa. Luego, Sportfive se convertiría en el principal actor, tanto de impugnaciones como de retractaciones y renegociaciones de convenios.
-          Al momento de decidirse la no homologación del acuerdo en primera instancia, la deudora proponía pagar el cien por ciento de los créditos verificados a los treinta días de homologación, con más los intereses en el caso de Sportfive.
-          La deudora depositaba el total del crédito –casi un millón de pesos- ante el silencio de Sportfive en la aceptación de la propuesta.
-          El acreedor más combativo ya mencionado denunciaba inexistencia del estado de cesación de pagos y ejercicio abusivo del derecho, en fraude a la ley, a los acreedores y al Tribunal.
-          El juez resumía que los fondos disponibles eran más del doble que el pasivo verificado. En términos económicos hay dos alternativas: o la deudora tuvo una fenomenal recuperación en un año o nunca estuvo en crisis. Elijo trabajar sobre la segunda hipótesis.
-          Este primer acto se cierra con que el juez decide no homologar el acuerdo preventivo, revocando la sentencia de apertura y todos los efectos de la misma. Esta resolución, obligada por la carencia de respaldo normativo, tendría una vida efímera y desdichada. No se podía declarar la quiebra ya que parte del fundamento era la ausencia del estado de cesación de pagos al momento de la presentación. Al combativo acreedor sólo le quedaba la vía del fraude como espada para seguir el combate judicial.
-          Posteriormente, el dictamen del Ministerio Público de la Nación no hace sino poner en mayor evidencia el laberinto jurídico que la propia ley produce, por los graves defectos de oportunidad y prueba del estado de cesación de pagos que contiene. Lógicamente no se puede anular la apertura de un concurso porque ya está firme aquella sentencia, ni tampoco se puede declarar la quiebra, pues no existe el presupuesto objetivo de la ley.
-          Sin embargo, en la actuación en segunda instancia fue por demás significativa la conciliación llamada por el Tribunal, al menos para pacificar el pleito. Celebrado un nuevo contrato de agencia, el acreedor disidente ahora reconoce que existió verdaderamente estado de cesación de pagos y expresa su conformidad a la propuesta, desapareciendo la discusión acerca del fraude y el abuso del derecho.
-          Finalmente, al serle admitido el recurso de apelación a la deudora, al juez de primera instancia sólo le cupo homologar el acuerdo, sin quitas ni esperas.
III.           EL PACIENTE TOMA EL REMEDIO POR SUS EFECTOS SECUNDARIOS Y NO POR LA ACCION TERAPEUTICA. ¿SE PUEDE CORREGIR ESTO?
¿Qué conclusiones podemos extraer del análisis de este caso?

Si bien como caso particular está terminado, ¿qué ocurre con la afectación del orden público que la imprecisión de la Ley de Concursos produce en general?

La ley 24.522 tiene un desgobierno de su presupuesto objetivo. Está destinada a deudores en cesación de pagos pero no define este estado ni tampoco precisa el modo y la oportunidad para probarlo.

Esto está produciendo que deudores que no están en insolvencia accedan a los beneficios de la ley concursal, licúen sus pasivos y consigan otros efectos como la rescisión de contratos, todo ello lejos del objetivo que el legislador se propuso en principio, es decir la conservación de la empresa íntegra y en marcha.

El crédito es más caro y escaso y la inseguridad jurídica mayor.

La consecuencia en la sociedad es más compleja aún: si quisiéramos elaborar una estadística y determinar qué deudores concursados están realmente en estado de cesación de pagos y cuáles no lo están sería imposible, ya que no se producen pruebas  de rigor económico para hacer esta distinción al momento de presentarse la petición de concurso.

Si bien se admite prueba en contrario sobre el presupuesto objetivo del artículo primero de la ley, esta admisión es sólo conceptual, sin rigor procesal, ya que no hay un conjunto de normas que permitan a los acreedores o a algún funcionario del oficio judicial refutar la afirmación que hace el deudor en el art. 11 sobre su estado económico financiero. Este contradictorio sólo existe en los arts. 83 y 84 cuando un acreedor pide la quiebra del deudor. Para los demás casos, y en especial la petición del concurso preventivo, lo que afirma el deudor es, normativamente y en la costumbre, una presunción sin prueba en contrario.

Mientras se elabora una reforma socialmente eficiente de la actual ley 24.522, la pregunta que surge es ¿puede evitarse la inseguridad jurídica y la distorsión sobre el mercado del crédito?

Debemos ser conscientes de que, para una ley de alcance nacional, con juzgados competentes en todo el territorio argentino, la doctrina como fuente del derecho sólo servirá para los jueces que quieran ser excelentes, quedando el resto sólo obligados por la imperfecta ley actual.

Si el concurso como proceso pone en crisis a todo el ordenamiento legal, será pues justo que previo a su apertura sean oídos los acreedores o al menos un funcionario del oficio judicial que los represente.

En esa previa contradicción deberá ponerse a prueba si el deudor verdaderamente está en una situación comprometida que justifique todos los efectos, desde la apertura hasta el final del concurso preventivo, desde medidas cautelares hasta acuerdos, con o sin licuaciones de pasivos.
La prueba, que en principio pensamos debe ser hecha por un Síndico del juzgado, en calidad de perito, sin ser retirado de la lista hasta que el concurso no esté definitivamente abierto, debe ser rigurosa en términos económicos y conceder, en caso de duda, el beneficio al deudor.

Debe poner a disposición del juez un completo análisis de corto y mediano plazo sobre la situación económico financiera del deudor. En el corto plazo, que puede abarcar un año, una auditoría sobre las cuentas a cobrar y a pagar, con proyección del flujo de ingresos y egresos y el saldo disponible para pagar deudas. En el mediano plazo, de tres años, la capacidad del deudor para producir resultados positivos que permitan mantener la organización íntegra y en marcha. Desde ya, todo esto debe ser desarrollado y profundizado por la doctrina económica concursal.

En el plano jurídico ¿es suficiente la norma inquisitiva del art. 274 de la ley 24.522 para producir esta prueba, alargando el plazo de cinco días que establece el art. 13?

Si se quiere resolver atendiendo las necesidades del deudor sin afectar el orden público, sólo parece posible dictar medidas cautelares de protección del patrimonio a concursar, mientras se resuelve la apertura o rechazo definitivos del pedido del art. 11.

Se hace evidente una reforma legislativa atendiendo los problemas analizados en este artículo, pero no conocemos las prioridades del Congreso de la Nación. Sin embargo, algunos elementos pueden obtenerse de la doctrina mientras tanto. Adaptando una conocida frase de Abraham Lincoln diremos para finalizar que “no pueden pretenderse concursos diferentes si se los abre siempre de la misma forma”…

Comentarios a este artículo escribir a: federico.estrada@federicoestrada.com.ar

Agradecemos al Dr. Federico Estrada por proporcionarnos tan valiosa información.


Atentamente,



Dr. Miguel Ángel Puente
PUENTE & ASOCIADOS
Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas


Av. Colón y Reina Victoria Esquina,
Edificio Banco de Guayaquil, piso 13, Oficina 1306.
Telf. (5932) 2 223616 / 2221734 Fax: Ext. 106
Cel. 080034050

miguelp@puenteasociados.com
gpuente@puenteasociados.com
www.puenteasociados.com
Quito - Ecuador.
Oficinas Internacionales: Lima - Perú ; Bogotá - Colombia


[1] Son las deudas que deben ser pagadas dentro de los doce meses del cierre del ejercicio.