lunes, noviembre 08, 2010

CIRCULAR No. 63 Análisis del Proyecto de ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. PRIMERA PARTE

Quito, 06 de noviembre de 2010.

Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente deseamos compartir con Ustedes el análisis legal del Proyecto de Ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mismo que con fecha 20 de octubre fue enviado por el ejecutivo con carácter de económico urgente para su trámite en la Asamblea Nacional.

A continuación nuestras observaciones:

Es importante señalar que el ámbito de aplicación del Código abarca tanto a personas naturales, como personas jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen todo tipo de actividad productiva. Entendiéndose a la misma como aquella que transforma insumos en bienes y servicios.
La norma considera como sus fines principales, los siguientes:


- Transformación de la Matriz Productivas
- Democratización a factores de producción.
- Fomentar la producción nacional.
- Generación de trabajo de calidad y digno.
- Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
- Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía con la naturaleza.
- Incentivar y controlar toda forma de inversión privada.
- Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.
- Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y oligopolios.
- Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del país.
- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.
- Potenciar la sustitución de importaciones.
- Fomentar y diversificar las exportaciones.
- Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.
- Seguir un comercio justo y un mercado transparente.

Encontramos que dentro del Art. 5 literal b, se considera como rol del Estado el establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que establecerá en la ley sobre esta materia, entendemos se refiere a la Ley de Competencia. Lo cual concuerda con el literal c) al hablar de un desarrollo productivo que incremente el nivel de productividad y las competencias para la innovación de la economía.

Por otro lado, entre los roles del Estado consta garantizar la soberanía alimentaria y energética; acceso al financiamiento de todos los sectores productivos a través de incentivos y mayor regulación al sistema financiero.

Así mismo, se considera la creación a cargo de la Función Ejecutiva del Consejo Sectorial de la Producción, órgano que se encargará de definir las políticas de desarrollo productivo para lo cual fomentará la participación intersectorial de la ciudadanía a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio exterior. Cabe recalcar que el Consejo Consultivo no contará con recursos públicos para su funcionamiento.

La norma contiene al salario digno mensual, que equivale al Costo de la canasta Básica dividido para el número de perceptores del hogar, lo cual será determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Los componentes del sueldo digno mensual son los siguientes:

- Sueldo o salario.
- Décimo tercer sueldo dividido para doce.
- Décimo cuarto sueldo dividido para doce.
- Comisiones.
- Utilidades mensualizadas.
- Beneficios de contratos colectivos.
- Fondos de reserva.

Para los empleadores que no avancen a pagar el Sueldo Digno luego de finalizar el ejercicio fiscal se considera la posibilidad de una compensación económica obligatoria, que será pagada como aporte para alcanzar el Salario Digno, únicamente para aquellos trabajadores que durante el año hubieran percibido un salario inferior al señalado.

Esta compensación es obligatoria para:

- Las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
- Las que tuvieren utilidades al finalizar el ejercicio fiscal.
- Las que hayan pagado un anticipo al impuesto a al Renta inferior a la utilidad.

La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre y se pagará hasta marzo del siguiente año entre los trabajadores que no hayan recibido el Salario Digno.

De ser necesario se utilizará el 100% de utilidades para el pago de la Compensación Económica, caso contrario el valor existente se repartirá en forma proporcional.

En función de la Agenda de Transformación Productiva y el Plan Nacional de Desarrollo el Consejo Sectorial de la Producción debe implementar un Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.

Se considera como inversión nueva al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar mayor nivel de producción de bienes y servicios, o nuevas fuentes de trabajo. Dentro de esta definición se considera que el simple cambio de propietario de los activos no constituye inversión nueva.

La inversión extranjera es de propiedad controlada por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero.

La inversión nacional es de propiedad controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas domiciliadas en el Ecuador, salvo que se demuestre que el capital no ha sido generado en el Ecuador.

Para el caso de extranjeros residentes se considerará como inversión nacional.

Dentro del Código, se considera la existencia de beneficios específicos que son únicamente dirigidos para la inversión nueva. Dichos beneficios no serán aplicables para la inversión de personas que se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales.

Como garantía a la inversión extranjera se plantea la igualdad de condiciones respecto de la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones. Únicamente el estado puede otorgar tratamiento diferenciado por concepto de incentivo a la inversión nueva.

El Plan Nacional de Inversión debe determinar las áreas de inversión.

Se prohíbe todo tipo de confiscación. El Estado puede declarar de manera excepcional la expropiación de bienes para ejecución de planes de desarrollo social previa valoración y pago de indemnización equivalente al justo precio de los bienes.

Los derechos de los inversionistas son los siguientes:

- Libertad de producción.
- Libre fijación de precios a excepción de los bienes regulados por la Ley.
- Acceso a procedimientos administrativos para evitar la práctica especulativa, de monopolios, oligopolios y competencia desleal.
- Libre transferencia al exterior de ganancias de inversión extranjera registrada.
- Libre remisión de recursos por la liquidación de la empresa en los casos de inversión extranjera.
- Libre venta de acciones.
- Libre acceso al sistema financiero nacional.

Para el beneficio de los incentivos antes mencionados se tomará en cuenta a los proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Técnica.

Las inversiones extranjeras para beneficiarse del incentivo, deberán registrarse en el Banco Central del Ecuador dentro de los 90 días de realizada la inversión.

Los incentivos para las nuevas inversiones serán otorgados únicamente vía resolución administrativa o con la suscripción de un contrato de inversión. Para su ejecución las resoluciones administrativas entran en vigencia desde su notificación y los contratos desde su suscripción.

El plazo de duración de los contratos de inversión será de 15 años desde su celebración y podrán ser prorrogados por una única vez.

Para la resolución de conflictos se admite el arbitraje internacional, excepto para asuntos tributarios.

Para la aplicación de incentivos la inversión debe ser calificada, se deben aprobar los incentivos y aplicarlos en el plazo establecido en la resolución de calificación de la inversión.

Los criterios de evaluación de incentivos será: el sector económico, transferencia de tecnología, espacio territorial, empleos que se generen y fuentes de financiamiento.

El cumplimiento de la inversión será monitoreado y controlado por la Secretaría Técnica.

Dentro de las infracciones se consideran al incumplimiento probado por la autoridad competente de las leyes laborales, tributarias, de seguridad social o ambiental del país y demás normas que regulan la inversión; y la falsedad comprobada judicialmente de los documentos de respaldo para conseguir el incentivo.

Se da la posibilidad además del ejercicio de acciones civiles o penales, la facultad de solicitar la revocatoria de los beneficios otorgados, a través de la Resolución de la Secretaría Técnica. La misma que podrá ser apelada ante el ORMPCI según lo establece el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

El Gobierno nacional puede establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico ZEDE, como un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que se sienten nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en la normativa en cuestión.

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, podrán ser del siguiente tipo:

- Actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación.
- Actividades para el perfeccionamiento activo para ejecutar operaciones de diversificación industrial.
- Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, reempaque, refrigeración, entre otros.

Las ZEDEs podrán ser constituidas previa verificación del cumplimiento de la normativa vigente, por un período de 20 años.

Así mismo, se prevé que los productos que se encuentren en la ZEDE puedan ser nacionalizados, con o sin el pago total o parcial de aranceles.

La solicitud de constituir una ZEDE contará con la iniciativa de instituciones del sector público o de gobiernos autónomos descentralizados, de tal forma que la persona jurídica que solicite la constitución de la ZEDE podrá ser la administradora de la misma.

Toda persona natural o jurídica podrá brindar servicios de apoyo o soporte a los operadores instalados en la zona autorizada.

La ZEDE al tratarse de una estructura jurídica de excepción gozará del tratamiento de destino aduanero, por tanto, se suspenderá el pago de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas.
Dentro de las regulaciones a las ZEDEs se implementa la prohibición de no vinculación para administradores y operadores.

Por el incumplimiento a la normativa se considera entre las sanciones las multas económicas, la suspensión de la autorización para desarrollar sus actividades por hasta tres meses, la cancelación definitiva de la autorización para operadores, y la terminación anticipada de la concesión de una ZEDE.

Por otro lado, el Código también se encarga de regular de manera voluntaria a las Micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES que deseen tener acceso a los beneficios e incentivos a través de un Registro Único que estará a cargo de los Ministerios del Ramo según su competencia, los mismos que para la obtención de información contarán con el apoyo del Servicio de Rentas Internas, el Instituto de Compras Públicas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Superintendencia de Compañías.

El sistema previsto para las MIPYMES registradas estará complementado con la oferta de servicios de desarrollo empresarial, programas y proyectos de apoyo al sector, contactos empresariales y oportunidades de nuevos mercados y desarrollo tecnológico.

Las MIPYMES registradas que no cumplieren con la normativa podrán ser sancionadas de la siguiente forma:

a. Multa pecuniaria.
b. Suspensión temporal del registro.
c. Suspensión definitiva del registro.

La falta de cumplimiento con la entrega de información será sancionada con multa pecuniaria.

Los actos de defraudación serán sancionados de acuerdo a las normas penales vigentes.

En cuanto a la suspensión temporal del registro, podrá ser adoptada en el caso de préstamo, arriendo, permuta o venta de bienes sin autorización previa cuya importación hubiera gozado de exoneración del pago de aranceles o beneficios establecidos en el Código.

Finalmente, para el caso de suspensión definitiva se deberá haber falsificado documentos o cohechado a los funcionarios oficiales relacionados con las MIPYMES.

Para el ESTUDIO JURIDICO PUENTE & ASOCIADOS, es un gusto compartir este resumen y análisis jurídico del Proyecto de ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mismo que será difundido en CUATRO PARTES semanales.

En tal virtud ponemos a su disposición los servicios del ESTUDIO JURIDICO PUENTE & ASOCIADOS, para atender las consultas y/o trámites que se generen al respecto.

Si tiene interés en el presente servicio agradeceré contactarse a los teléfonos que constan en el pie de firma o a los siguientes correos electrónicos.

Atentamente,


 

Dr. Miguel Ángel Puente                                                    Geovanna Puente 
PUENTE & ASOCIADOS
ASESORIA EMPRESARIAL


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