lunes, mayo 10, 2010

CIRCULAR 50: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NUEVAS EN RELACIÓN CON LAS QUE SE EXTINGUEN

CIRCULAR No. 50 Quito, 17 de abril del 2010.

ASUNTO: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NUEVAS EN RELACIÓN CON LAS QUE SE EXTINGUEN.

Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente deseamos informarle que mediante Suplemento de Registro Oficial No. 169, de 12 de abril de 2010, se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00085 del Director General del Servicio de Rentas Internas, la misma que dispone lo siguiente:

Cuando por medio de un decreto ejecutivo o acto normativo de gobierno autónomo descentralizado se cree una empresa pública regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que, en consecuencia, extinga a una sociedad o empresa anterior, la nueva empresa pública, en el plazo máximo de 60 días contados desde la emisión de su acto constitutivo, deberá presentar la declaración de todas las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad que se extingue, hasta la fecha de su extinción, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo fiscal para la declaración de dichos impuestos y, de ser el caso, efectuar el pago de los tributos correspondientes.

Del mismo modo, a la nueva empresa pública creada se le concede el plazo máximo de 30 días contados desde la emisión de su acto constitutivo, para que en cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional, se inscriba en el Registro Único de Contribuyentes y cancele el RUC de la sociedad anterior. En virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en este caso, si la sociedad extinguida era contribuyente especial, la nueva empresa pública será registrada con la misma calidad; para tal efecto, se tendrá en consideración la resolución con la que a la sociedad o empresa anterior se le asigna la calidad de contribuyente especial.

De igual manera, la nueva empresa pública en el plazo máximo de 15 días, contados desde la emisión de su acto de creación, deberá solicitar al SRI la autorización para emitir comprobantes de venta; y a su vez, realizar la petición correspondiente para dar de baja los comprobantes que no fueron utilizados por la sociedad extinguida.

Bajo ningún concepto la nueva empresa pública podrá registrar sus transacciones en comprobantes de venta cuya emisión fue autorizada por el SRI para la compañía anterior.

Así mismo, se dispone que cuando la sociedad extinguida haya generado crédito tributario en el impuesto a la renta y éste no pudo ser compensado, la nueva empresa pública registrará dicho crédito en su saldo inicial. Una vez que se cumpla lo señalado en el primer párrafo, la nueva empresa pública, podrá presentar un reclamo de pago indebido o en exceso por el monto de dicho crédito tributario.

Igualmente, cuando la sociedad extinguida haya generado crédito tributario de IVA por retenciones, que no pudo ser compensado, la nueva empresa pública registrará dicho crédito en su saldo inicial.

El crédito tributario por el IVA en compras que la sociedad extinguida haya generado a partir de noviembre de 2009 y no se haya recuperado hasta la fecha de su extinción, será registrado en el balance final de la misma como costo.

Para la devolución de IVA a las empresas señaladas en la Segunda Disposición Transitoria, numeral 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se aplicará el procedimiento previsto en la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00046, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 136 de 24 de febrero del 2010, que contiene las Normas de Procedimiento par la Devolución del IVA a entidades y organismos del Sector Público y Empresas Públicas.

Empresas señaladas en la Segunda Disposición Transitoria, numeral 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; Empresa Eléctrica Azogues S.A.; y, Electro Generadora del Austro Elecaustro S.A.

Finalmente se dispone que para las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se crearon con anterioridad a la emisión de esta resolución, los plazos indicados se contarán a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Para el caso de las nuevas empresas públicas que se crean con la emisión de un decreto ejecutivo o acto normativo de gobierno autónomo descentralizados, el tratamiento tributario referente a la empresa pública se hará efectivo a partir de la fecha de emisión de dicho decreto ejecutivo o acto normativo.

Esta resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, el 12 de abril de 2010.

Atentamente,

 
Dr. Miguel Ángel Puente

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CIRCULAR 49 : REFORMAS AL CODIGO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL

CIRCULAR 49 Reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal

Quito, 30 de marzo de 2010

ASUNTO: Reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal

Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente ponemos a su conocimiento que mediante Suplemento de Registro Oficial No. 160, de 29 de marzo de 2010, se publicó las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal.

Reformas al Código Penal:

Se sustituye el Art. 607 modificándose su primer numeral, para establecer que únicamente el hurto de objetos cuyo valor no supere el 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general, será considerado contravención. Es decir en caso de que el valor del objeto del hurto no supere 120 dólares en la actualidad, se sancionará con multa de 14 a 28 dólares y prisión de 5 a 30 días.

Del mismo modo en el segundo inciso del Art. 78 se añade una disposición a través de la cual, se establece que en caso de reincidencia en la contravención indicada en el párrafo precedente, la misma será considerada como delito.

En este contexto, también se modifica el Art. 51, en el numeral primero del párrafo concerniente a las “Penas peculiares de la contravención”, para establecer como una de las mismas a la prisión de 1 a 30 días.

Dentro del Art. 450 se añade un numeral adicional (11), mediante el cual se establece que el homicidio cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus funciones, constituirá asesinato.

Por otro lado, se sustituye el Art. 569, y se establece que será reprimido con reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa de 6 a 16 dólares, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo o hurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse.

Reformas al Código de Procedimiento Penal:

En primer lugar, se elimina el último inciso del Art. 25, que disponía que el Fiscal dispondrá que la Policía Judicial, como cuerpo auxiliar de la Fiscalía, realice las investigaciones por separado aunque relacionando los hechos y personas en orden a determinar la peligrosidad de los presuntos infractores.

En segundo lugar, se añade como inciso final del Art. 26, una disposición conforme a la cual el fiscal competente presentará obligatoriamente, dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones del proceso, detallando los motivos de las detenciones anteriores.

Del mismo modo, se sustituye el numeral 3 del Art. 27, para establecer como competencia de los jueces de garantías penales, la tramitación y resolución, en audiencia, de las solicitudes de acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y conversiones. Asimismo y de esta manera se dispone que la tramitación y resolución de solicitudes de archivo y desestimaciones se realizarán sin audiencia, sin perjuicio del derecho del denunciante a ser escuchado.

Por otro lado, en el primer inciso del Art. 33, se agrega a continuación de la palabra fiscal la frase “sin necesidad de denuncia previa”, lo que implica que ahora la norma en cuestión dispone ahora que “El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la Fiscal o el Fiscal, sin necesidad de denuncia previa”.

Dentro de las reformas se encuentra que en el Art. 36 se eliminan los literales g, h, i, j y k, lo que significa que los delitos de estafa y otras defraudaciones, violación de domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto mayor a 120 dólares y lesiones que superen los 30 días de enfermedad o incapacidad para el trabajo, pasan nuevamente a ser delitos de acción pública.

De igual manera, en el primer inciso del Art. 39, luego de la palabra “denuncia” se elimina la frase “parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito”, por lo que ahora la norma dispone que el archivo por desestimación únicamente procede contra la denuncia y no a otros documentos o actuaciones; sin embargo, se agrega como segundo inciso que el juez, previo a resolver, debe oír al denunciante.

Adicionalmente, en el primer inciso del Art. innumerado agregado a continuación del Art. 39, se agrega luego de la palabra “delitos” la frase “que lleguen a conocimiento de la fiscalía sea por partes informativos, informes o por cualquier otra noticia del ilícito”. El artículo dispone: “En todos los delitos que lleguen a conocimiento de la fiscalía sea por partes informativos, informes o por cualquier otra noticia del ilícito, en tanto no se hubiere iniciado la instrucción fiscal, el fiscal podrá solicitar al juez de garantías penales el archivo provisional de la investigación, cuando de ella no se haya podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación. De encontrarse nuevos elementos de convicción, el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite”.

Dentro del Art. 160 se agrega a la prohibición de enajenar como una nueva medida cautelar de carácter real.

Asimismo, en el segundo inciso del Art. 161, luego de la frase “juez de garantías”, se agrega la frase “penales, e informará de este hecho inmediatamente al fiscal”, por tanto ésta norma dispone: “El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías penales, e informará de este hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho de la detención.

Igualmente, se suplanta el segundo inciso del Art. 171, referente a la sustitución de medidas cautelares, por el siguiente texto: “Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista reincidencia, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en la que la persona procesada tenga una discapacidad mayor al cincuenta por ciento certificada por el CONADIS, padezca de enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o sea una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen”.

En el Art. 209, en el numeral 7 se agrega luego de la palabra “procesados” la siguiente frase: “y enviar a la fiscal o el fiscal, el registro de detenciones”; esto significa que ahora la norma prescribe: “Corresponde a la Policía Judicial lo siguiente: ... Realizar la identificación de los procesados y enviar a la fiscal o el fiscal, el registro de detenciones”.

Por otro lado, en el tercer inciso del tercer artículo innumerado agregado a continuación del Art. 226, se sustituye la frase “auto de llamamiento a juicio cuando el dictamen fiscal sea de acusación”, por la frase “el auto resolutorio correspondiente”; en consecuencia, ahora la norma dispone: “Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento que afecten la validez del proceso, dictará el auto resolutorio correspondiente”.

A continuación del quinto inciso del Art. 278, se agrega el siguiente: “Las o los secretarios de las judicaturas, o quienes les subroguen legalmente, enviarán mensualmente al Consejo de la Judicatura un listado de las audiencias realizadas y fallidas, con la debida indicación de las o los servidores judiciales que no asistieron a las mismas y las causas de la inasistencia”.

Finalmente, se sustituye el numeral 1 del Art. 343, lo que implica que a partir de la reforma solamente se puede interponer recurso de apelación de los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia, y ya no del auto de llamamiento a juicio.

En la “Disposición General” de esta Ley Reformatoria, se dispone que la actuación y decisiones de los jueces, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, respetarán la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas determinadas en el Art. 171 de la Constitución y 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y tendrán en cuenta los derechos constitucionales, los principios de justicia intercultural y la declinación de competencias conforme lo establecido en los artículos 344 y 345 del mencionado Código Orgánico.

Por último, en las disposiciones transitorias se establece, en primer lugar, que los procesos, actuaciones y procedimientos de investigación que actualmente se encuentren en trámite, continuarán sustanciándose conforme a las reglas de procedimiento vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión; pero que en el caso de los delitos de estafa y otras defraudaciones, violación de domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto y lesiones que no superen los 30 de enfermedad o discapacidad para el trabajo, que fueron desestimados o archivados de conformidad con la interpretación del Art. 10 de las reformas al Código de Procedimiento Penal, publicadas en el Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009, podrán sustanciarse como delitos de acción pública y que las acciones en estos casos prescribirán de conformidad con las reglas establecidas en el Código Penal para los delitos de acción pública, y no se contará el tiempo transcurrido desde el 24 de marzo de 2009 hasta antes de la entrada en vigencia de la presente reforma.

En segundo lugar, se dispone que todas las audiencias establecidas en el Código de Procedimiento Penal serán de aplicación e implementación inmediata.

Finalmente, en tercer lugar, se ordena que en los 30 días siguientes de la entrada en vigencia de esta reforma, el Ministerio de Justicia contratará una auditoría externa que deberá presentar un informe detallado de la actuación de los jueces de garantías penales y los fiscales de todo el país; respecto del ejercicio de todas sus responsabilidades constitucionales y legales.

La presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.


Para el Estudio Jurídico PUENTE & ASOCIADOS es un placer mantenerlo informado, estaremos gustosos en atender sus dudas e inquietudes. Para cualquier consulta por favor escríbanos a la siguiente dirección:
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Atentamente,

Dr. Miguel Ángel Puente

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CIRCULAR 48 LAS NUEVAS CATEGORÍAS DE REMUNERACIONES MÍNIMAS DE APORTACIÓN AL SEGURO

CIRCULAR No. 48 Quito,     18 de Marzo del 2010.

ASUNTO: LAS NUEVAS CATEGORÍAS DE REMUNERACIONES MÍNIMAS DE APORTACIÓN AL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO, POR REGÍMENES DE AFILIACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, DE TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO Y DEL SECTOR PÚBLICO QUE EL CONSEJO DIRECTIVO QUE EL IESS HA ESTABLECIDO.


Estimados Clientes y Amigos:

Por medio de la presente queremos comunicarles que en el Suplemento del Registro Oficial No. 143 de 4 de marzo de 2010, se publicó la Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social No. 305, misma que dispone lo siguiente:

Desde el 1 de enero de 2010 se tomará en cuenta las siguientes categorías de remuneraciones e ingresos mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio, por regímenes de afiliación del sector privado, de trabajadores a tiempo completo:

a) Los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo, cuyos sueldos o salarios básicos unificados son regulados con base en las comisiones sectoriales, sobre la remuneración mínima establecida por dichas comisiones, que en ningún caso será inferior a 240,00 dólares mensuales.

También están comprendidos en esta categoría los trabajadores amparados en las siguientes modalidades de afiliación: los trabajadores de campo de la industria azucarera, permanentes y temporales; los escogedores de café y peladores de tagua; los estibadores y trabajadores portuarios reemplazantes; los pescadores y empacadores de pescado; los trabajadores agrícolas, incluidos los trabajadores de granjas, planteles y fincas avícolas; los trabajadores de paja toquilla; los trabajadores de la construcción; choferes profesionales; y, artistas profesionales.

b) Los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo, cuyas remuneraciones básicas unificadas no están comprendidas en el literal precedente, sobre una remuneración mínima de 240,00 dólares mensuales;

c) Los trabajadores del régimen de maquila, sobre una remuneración mínima de 240,00 dólares mensuales.

d) Los afiliados voluntarios sobre un valor mínimo de 240,00 dólares mensuales;

e) Los afiliados amparados en el seguro de profesionales, sobre un ingreso imponible equivalente a 1.10 veces, la suma del ingreso imponible del mes de diciembre del 2009, sin que sea inferior a 240,00 dólares mensuales.

f) Los afiliados al seguro del clero secular, aportarán sobre un valor mínimo de 170,00 dólares, multiplicado por el coeficiente que correspondiere a los años de ejercicio sacerdotal, con sujeción a la tabla que consta en el literal m) de la Resolución No. C.I. 067 (R.O. 79, 17-V-2000).

g) Los afiliados al seguro de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, sobre un ingreso imponible equivalente a uno 1.10 veces, la suma del ingreso imponible del mes de diciembre del 2009, sin que sea inferior a 240,00 dólares mensuales.

h) Los futbolistas profesionales sobre un ingreso imponible equivalente a 1.10 veces, la suma del ingreso imponible del mes de diciembre del 2009, sin que sea inferior a 240,00 dólares mensuales.

i) Los maestros de taller o artesanos autónomos, sobre un ingreso mínimo de 240,00 dólares mensuales.

j) Los operarios y aprendices de artesanía, sobre una remuneración mínima de 240,00 dólares mensuales.

k) Los colaboradores de la microempresa (no artesanal), sobre una remuneración mínima de 240,00 dólares mensuales, entendiéndose como tales a los parientes del microempresario hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y, para los trabajadores de la microempresa sean estos empleados u obreros, el contemplado en las correspondientes tablas sectoriales de encontrarse la microempresa dentro de las ramas de actividad respectiva; y, si la actividad de la microempresa no estuviere comprendida dentro de ninguna tabla sectorial, el fijado como sueldo o salario básico unificado para los trabajadores en general, esto es, 240,00 dólares mensuales.

l) Los trabajadores del servicio doméstico, sobre una remuneración mínima de 240,00 dólares mensuales.

Del mismo modo a partir del 1 de enero del 2010, se aplicarán las siguientes categorías de remuneraciones e ingresos mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio, por regímenes de afiliación del sector público:

a) Los servidores públicos a tiempo completo sujetos a la LOSCCA aportarán sobre el 100% de la remuneración unificada, con sujeción a la tabla contenida en la Res. No. SENRES-2009-00085 de 17 de abril del 2009 (R.O. 580, 29-IV-2009), sin que en ningún caso dicha remuneración sea inferior a 478,00 dólares mensuales.

b) Los dignatarios, autoridades y funcionarios que ocupen puestos a tiempo completo, comprendidos en el nivel jerárquico superior del sector público sujetos a la LOSCCA, aportará sobre el 100% de la remuneración unificada, con sujeción a la tabla contenida en la Res. No. SENRES-2009-00065 de 24 de mayo del 2009, (R.O. 568, 13-IV-2009), sin que en ningún caso dicha remuneración sea inferior a 1.870,00 dólares mensuales.

c) Los servidores y trabajadores a tiempo completo del sector público sujetos a la LOSCCA que no se rijan a las tablas mencionadas en los literales a) y b) y los servidores y trabajadores a tiempo completo del sector público que no se encontraren sujetos a la LOSCCA, aportarán al IESS sobre la materia gravada correspondiente, que en ningún caso será inferior a 240,00 dólares mensuales.

Cuando los trabajadores a tiempo parcial se encuentren registrados en el IESS bajo un solo empleador aportarán sobre el salario o la remuneración efectivamente ganada, sin que en ningún caso el salario de aportación al IESS sea inferior al 50% del salario básico unificado mínimo según la categoría ocupacional a la que corresponda el trabajador, es decir, no será inferior a 120,00 dólares mensuales, correspondiendo en este caso un registro de aportación de 15 días.

La presente resolución entró en vigencia a partir del 23 de febrero del 2010.

En tal virtud ponemos a su disposición los servicios del ESTUDIO JURIDICO PUENTE & ASOCIADOS, para atender las consultas y/o trámites que se generen al respecto.

Si tiene interés en el presente servicio agradeceré contactarse a los teléfonos que constan en el pie de firma o a los siguientes correos electrónicos.

miguelp@puenteasociados.com

gpuente@puenteasociados.com

Atentamente,

Dr. Miguel Angel Puente.

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